Crisis de la Dependencia en Canarias
Canarias: Casi 14.000 personas en espera de prestaciones por dependencia pese a tener derecho reconocido
Las Palmas de Gran Canaria, [fecha] – La lista de espera en el sistema de dependencia en Canarias sigue creciendo, con 13.922 personas que, pese a tener reconocido su derecho a prestaciones, continúan sin recibir la atención que necesitan. De ellas, 13.033 llevan más de seis meses en espera, según los últimos datos del Imserso correspondientes a mayo de 2024.
Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor demora en la resolución de solicitudes (540 días de media), solo por detrás de Andalucía (579 días) y Murcia (555). Aunque la Consejería de Bienestar Social insiste en que se han logrado avances, el plazo dista mucho del de otras regiones como Castilla y León (113 días) y del máximo legal de seis meses establecido por la Ley de Dependencia. Si quiere encontrar residencias de mayores adecuadas para un ser querido, en Residencias y Salud le asesoramos durante todo el proceso para que pueda conseguir su plaza.
Un sistema al límite: cifras contradictorias y falta de cobertura
El caos en la gestión se refleja en las estadísticas oficiales. Mientras en diciembre de 2023 se reportaron 62.165 prestaciones concedidas, la cifra se corrigió meses después a 53.929, dejando un inexplicable descenso de 8.236 ayudas. Esta inconsistencia ha generado críticas desde la oposición y los sindicatos, que exigen transparencia y responsabilidades políticas.
Actualmente, solo 46.750 personas (el 17% de la población potencialmente dependiente) cuentan con un Programa de Atención Individualizada (PIA). La mayoría de los beneficiarios son mujeres (27.291 frente a 19.459 hombres), lo que evidencia una brecha de género en el sistema.
Polémica por el nuevo decreto: críticas de trabajadores sociales
Para reducir la lista de espera, el Gobierno canario impulsa un nuevo decreto que elimina el modelo bifásico de evaluación y suprime el informe social, sustituyéndolo por un "Informe del Entorno". Sin embargo, esta medida ha sido rechazada por los Colegios de Trabajo Social, que advierten que empobrecerá la calidad de la atención y saturará los servicios municipales.
Personal de la Consejería también ha alertado de que la reforma vulnera los derechos de las personas más vulnerables, trasladando la carga burocrática a los ciudadanos en lugar de agilizar los trámites.
Inversiones en La Palma: ¿solución real o parche temporal?
En un intento por paliar la situación, el Gobierno canario ha anunciado una inversión de 925.000 euros en La Palma, destinados a la construcción de una residencia de mayores en Los Llanos de Aridane (120 plazas) y a la reforma del Hospital de los Dolores (53 nuevas plazas sociosanitarias).
Sin embargo, estas medidas no abordan el problema de fondo: la lentitud administrativa y la falta de recursos humanos. Mientras tanto, miles de familias siguen esperando una respuesta, en un sistema que parece incapaz de garantizar los derechos básicos de los dependientes.
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